Voto Concurrente Razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez
El criterio sustentado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en esta Opinión Consultiva (OC-16) recoge la más avanzada
doctrina del procedimiento penal y ensancha la protección de los derechos
humanos en un ámbito que constituye, verdaderamente, la "zona crítica"
de esos derechos. En efecto, es aquí
donde se halla en más grave riesgo la dignidad humana. Por lo tanto, es en este ámbito donde verdaderamente
se acredita o se desvanece --en la práctica, no sólo en el discurso jurídico
y político-- el Estado democrático de derecho.
Al señalar que el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido extranjero determinados derechos
individuales, se admite el carácter progresivo y expansivo de los derechos
humanos. Las formulaciones contenidas
en los grandes textos declarativos del final del siglo XVIII recogieron derechos
nucleares. Sin embargo, no se trataba
de un catálogo máximo. En sucesivas
etapas se advertiría y proclamaría la existencia de nuevos derechos, que hoy
figuran en el extenso conjunto de las constituciones nacionales y los instrumentos
internacionales. El artículo 36 de
aquella Convención amplía ese catálogo.
La historia de la democracia y de los derechos humanos
guarda una relación estrecha con la evolución del sistema persecutorio.
El proceso penal es un escenario fidedigno del progreso moral, jurídico
y político de la humanidad. De ser objeto del proceso, el inculpado pasó
a ser sujeto de una relación jurídica concebida en términos diferentes. En ella el inculpado es titular de derechos
y garantías, que son el escudo del ciudadano frente al poder arbitrario. La llamada "justicia penal democrática"
reconoce y desarrolla estos derechos.
El proceso penal --entendido en amplio sentido, que
también comprende todas las actividades persecutorias públicas previas al
conocimiento judicial de una imputación-- no ha permanecido estático a lo
largo del tiempo. A los derechos elementales
de la primera etapa, se han sumado nuevos derechos y garantías. Lo que conocemos como el "debido proceso
penal", columna vertebral de la persecución del delito, es el resultado
de esta larga marcha, alimentada por la ley, la jurisprudencia --entre ella,
la progresiva jurisprudencia norteamericana-- y la doctrina. Esto ha ocurrido en el plano nacional, pero
también en el orden internacional. Los
desarrollos de los primeros años se han visto superados por nuevos desenvolvimientos,
y seguramente los años por venir traerán novedades en la permanente evolución
del debido proceso dentro de la concepción democrática de la justicia penal.
La OC-16 se sustenta en la admisión expresa de esta
evolución, y por ello recoge lo que pudiera denominarse la "frontera
actual" del procedimiento, que ciertamente va más allá de los linderos
trazados anteriormente. La evolución
del procedimiento ha sido constante y notable en el medio siglo transcurrido
después de la Segunda Guerra Mundial. De
esto hay abundantes testimonios. El
derecho a contar con defensa en el proceso se ha visto ampliado y enriquecido
por el derecho a disponer de abogado desde el primer momento de la detención.
El derecho a conocer los motivos del procedimiento se ha ensanchado
con el derecho a disponer de traductor cuando no se conoce el idioma en el
que aquél se desarrolla. El derecho a declarar se ha complementado con
su contrapartida natural: la facultad
de no declarar. Estos son apenas unos
cuantos ejemplos del avance en las normas y las prácticas del procedimiento,
un avance que no se debe perder.
Las nuevas circunstancias de la vida social traen consigo
necesidades diversas que es preciso atender con instituciones adecuadas, que
antes parecieron innecesarias y ahora resultan indispensables.
Cada novedad suscita inéditos derechos y garantías, que concurren a
construir el debido proceso penal de los nuevos tiempos.
Así, la creciente migración determina pasos adelante en diversas vertientes
del derecho, entre ellas el procedimiento penal, con modalidades o garantías
pertinentes para el procesamiento de extranjeros. El desarrollo jurídico debe tomar en cuenta estas novedades y revisar,
a la luz de ellas, los conceptos y las soluciones a los problemas emergentes.
Los extranjeros sometidos a procedimiento penal --en
especial, aunque no exclusivamente, cuando se ven privados de libertad-- deben
contar con medios que les permitan un verdadero y pleno acceso a la justicia.
No basta con que la ley les reconozca los mismos derechos que a los
demás individuos, nacionales del Estado en el que se sigue el juicio.
También es necesario que a estos derechos se agreguen aquellos otros
que les permitan comparecer en pie de igualdad ante la justicia, sin las graves
limitaciones que implican la extrañeza cultural, la ignorancia del idioma,
el desconocimiento del medio y otras restricciones reales de sus posibilidades
de defensa. La persistencia de éstas, sin figuras de compensación
que establezcan vías realistas de acceso a la justicia, hace que las garantías
procesales se convierten en derechos nominales, meras fórmulas normativas,
desprovistas de contenido real. En
estas condiciones, el acceso a la justicia se vuelve ilusorio.
Los derechos
y garantías que integran el debido proceso --jamás una realidad agotada, sino
un sistema dinámico, en constante formación-- son piezas necesarias de éste;
si desaparecen o menguan, no hay debido proceso.
Por ende, se trata de partes indispensables de un conjunto; cada una
es indispensable para que éste exista y subsista.
No es posible sostener que hay debido proceso cuando el juicio no se
desarrolla ante un tribunal competente, independiente e imparcial, o el inculpado
desconoce los cargos que se le hacen, o no existe la posibilidad de presentar
pruebas y formular alegatos, o está excluído el control por parte de un órgano
superior.
La ausencia o el desconocimiento de esos derechos destruyen
el debido proceso y no pueden ser subsanados con la pretensión de acreditar
que a pesar de no existir garantías de enjuiciamiento debido ha sido justa
la sentencia que dicta el tribunal al cabo de un procedimiento penal irregular.
Considerar que es suficiente con lograr un resultado supuestamente
justo, es decir, una sentencia conforme a la conducta realizada por el sujeto,
para que se convalide la forma de obtenerla, equivale a recuperar la idea
de que "el fin justifica los medios" y la licitud del resultado
depura la ilicitud del procedimiento. Hoy
día se ha invertido la fórmula: "la
legitimidad de los medios justifica el fin alcanzado"; en otros términos,
sólo es posible arribar a una sentencia justa, que acredite la justicia de
una sociedad democrática, cuando han sido lícitos los medios (procesales)
utilizados para dictarla.
Si para determinar la necesidad o pertinencia de un
derecho en el curso del proceso --con el propósito de determinar si su ejercicio
es indispensable o dispensable-- se acudiese al examen y a la demostración
de sus efectos sobre la sentencia, caso por caso, se incurriría en una peligrosa
relativización de los derechos y garantías, que haría retroceder el desarrollo
de la justicia penal. Con este concepto
sería posible --y además inevitable-- someter al mismo examen todos los derechos:
habría que ponderar casuísticamente hasta qué punto influyen en una
sentencia la falta de defensor, la ignorancia sobre los cargos, la detención
irregular, la aplicación de torturas, el desconocimiento de los medios procesales
de control, y así sucesivamente. La
consecuencia sería la destrucción del concepto mismo de debido proceso, con
todas las consecuencias que de ello derivarían.
El relativamente nuevo derecho del inculpado extranjero
a ser informado sobre el derecho que le asiste a recurrir a la protección
consular, no es una creación de esta Corte, a través de la OC-16.
El Tribunal simplemente recoge el derecho establecido en la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares y lo incorpora en la formación dinámica
del concepto de debido proceso legal en nuestro tiempo.
En suma, reconoce su naturaleza y reafirma su valor.
En tal virtud, el derecho individual que aquí se analiza
queda inscrito entre las normas de observancia obligada durante un procedimiento
penal. El principio de legalidad penal,
aplicable al procedimiento y no sólo al régimen de los tipos y las penas,
supone la puntual observancia de esas normas.
Si el derecho a la información consular ya forma parte
del conjunto de derechos y garantías que integran el debido proceso, es evidente
que la violación de aquél trae consigo las consecuencias que necesariamente
produce una conducta ilícita de esas características: nulidad y responsabilidad. Esto no significa impunidad, porque es posible
disponer la reposición del procedimiento a fin de que se desarrolle de manera
regular. Esta posibilidad es ampliamente
conocida en el derecho procesal y no requiere mayores consideraciones.
La OC-16 se refiere principalmente al caso de aplicabilidad
o aplicación de la pena de muerte, aunque los conceptos procesales que maneja
no se constriñen necesariamente, por su propia naturaleza, a los supuestos
relacionados con esa pena. Es un hecho,
desde luego, que la sanción capital, la más grave que previene el derecho
punitivo, proyecta sus características sobre el tema que nos ocupa.
Las consecuencias de la violación del derecho a la información, cuando
está en juego una vida humana, son infinitamente más graves que en otros casos
--aunque técnicamente sean iguales--, y además devienen irreparables si se
ejecuta la pena impuesta. Ninguna precaución será suficiente para asegurar
la absoluta regularidad del procedimiento que desemboca en la disposición
de una vida humana.
Al adoptar el criterio sustentado en la OC-16, la Corte
confirma el paso adelante que numerosas legislaciones han dado en la racionalización
de la justicia penal. La admisión
de este criterio contribuirá a que el procedimiento penal sea, como debe ser,
un medio civilizado para restablecer el orden y la justicia. Se trata, evidentemente, de un punto de vista
consecuente con la evolución de la justicia penal y con los ideales de una
sociedad democrática, exigente y rigurosa en los métodos que utiliza para
impartir justicia.
Sergio García Ramírez
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario