Distr.
GENERAL
CAT/C/17/Add.15
7 de febrero de 1996
ESPAÑOL
Original: RUSO
Segundos informes periódicos que los Estados Partes debían presentar en 1992 : Russian Federation. 07/02/96.
CAT/C/17/Add.15. (State Party Report)
Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRA LA TORTURA
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 19 DE LA CONVENCION
Segundos informes periódicos que los Estados Partes
debían presentar en 1992
Adición
FEDERACION DE RUSIA*
____________
* El informe inicial presentado por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se publica con la signatura CAT/C/5/Add.11; para su examen por el Comité, véase el documento CAT/C/SR.28 y 29 y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 44 (A/45/44), párrs. 115 a 149.
[17 de enero de 1996]
INDICE
Párrafos
I. INTRODUCCION 1 - 2
II. INFORMACION RELATIVA A CADA UNO DE LOS ARTICULOS DE LA PARTE I DE LA CONVENCION 3 - 109
Artículo 1 3 - 7
Artículo 2 8 - 19
Artículo 3 20 - 22
Artículo 4 23 - 25
Artículo 5 26 - 31
Artículo 6 32 - 66
Artículo 7 67 - 68
Artículo 8 69 - 72
Artículo 9 73 - 74
Artículo 10 75 - 76
Artículo 11 77
Artículo 12 78
Artículo 13 79 - 83
Artículo 14 84 - 92
Artículo 15 93 - 96
Artículo 16 97 - 109
I. INTRODUCCION
1. Este informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El informe ha sido elaborado con arreglo a las Directivas Generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados Partes deben presentar en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/14).
2. El informe abarca el período comprendido entre 1990 y 1995 y en él se describen los acontecimientos que se han producido desde la presentación del informe inicial en 1988 (CAT/C/5/Add.11).
II. INFORMACION RELATIVA A CADA UNO DE LOS ARTICULOS
DE LA PARTE I DE LA CONVENCION
Artículo 1
3. En el artículo 1 de la Convención se define el término tortura. Ni la Constitución ni otras disposiciones normativas de la Federación de Rusia contienen una definición de dicho término. No obstante, para comprender la importancia que para la Federación de Rusia tiene la mencionada norma de la Convención es preciso citar el párrafo 4 del artículo 15 de la Constitución de Rusia:
"Los principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional y los instrumentos internacionales concertados por la Federación de Rusia forman parte integrante de su ordenamiento jurídico. Si los instrumentos internacionales concertados por la Federación de Rusia establecen normas distintas de las previstas en la ley interna, se aplicarán las normas del instrumento internacional."
4. Con la incorporación de la presente norma a la Constitución se crea la posibilidad de que los órganos competentes, incluidos los tribunales, apliquen directamente las normas de derecho internacional. Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán invocar directamente las normas de derecho internacional al solucionar las controversias que puedan surgir entre ellas y con los órganos competentes, empresas, instituciones y organizaciones.
5. En virtud del párrafo 4 del artículo 15 de la Constitución de la Federación de Rusia, las normas establecidas por los instrumentos internacionales prevalecen sobre las normas de la legislación interna que sean incompatibles con aquéllas. Esto significa que cuando surja una contradicción entre el instrumento internacional y la disposición legislativa, los órganos de la Federación de Rusia encargados de aplicar la ley deberán regirse por las normas establecidas en los instrumentos internacionales. Estos tienen prioridad respecto de cualesquiera leyes, tanto federales como relativas a los sujetos de la Federación, que se hubieren promulgado antes o después de la concertación del instrumento internacional.
6. De lo que antecede se desprende que la definición del término "tortura", que figura en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención, puede ser utilizada por las autoridades competentes de la Federación de Rusia, en particular por los tribunales, al solucionar las correspondientes controversias.
7. Por lo que hace al párrafo 2 del artículo 1 de la Convención, es preciso señalar que la Federación de Rusia no es parte en ningún otro instrumento internacional ni tiene disposición legislativa alguna que contenga disposiciones de mayor alcance que las normas de la presente Convención.
Artículo 2
8. Durante el período transcurrido desde la presentación del informe inicial, la Federación de Rusia ha promulgado varias leyes nuevas y otras disposiciones normativas que contienen normas tendientes a promover la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
9. Conviene ante todo mencionar la Constitución de la Federación de Rusia, aprobada por referendo el 12 de diciembre de 1993. El artículo 2 de la Constitución estipula que "la persona, sus derechos y sus libertades constituyen un valor supremo. El Estado tiene la obligación de reconocer, respetar y proteger los derechos y las libertades de la persona y el ciudadano". El capítulo 2 de la Constitución está enteramente consagrado a los derechos y las libertades de la persona y el ciudadano. Guarda relación directa con las disposiciones de la Convención contra la Tortura el artículo 21 del mencionado capítulo, redactado como sigue:
"1. El Estado protege la dignidad de la persona. No hay motivo alguno que permita menoscabar esa dignidad.
2. Nadie puede ser sometido a torturas, actos de violencia u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie puede ser sometido sin su consentimiento a experimentos médicos científicos o de otro tipo."
10. Entre las disposiciones normativas que fueron promulgadas entre 1990 y 1995 y en las que se refrendan varias disposiciones importantes con miras a promover el cumplimiento de las normas de la Convención figuran, en particular, las siguientes: la Ley sobre la rehabilitación de las víctimas de las represiones políticas (en su variante de 1994); la Ley sobre el ministerio fiscal de la Federación de Rusia (1992); la Ley sobre la Milicia (1993); la Ley sobre los órganos e instituciones encargados de velar por la aplicación de las sanciones penales en forma de privación de libertad (1993); la Ley sobre el estado de excepción (1991); la Ley sobre la ayuda psiquiátrica y la observancia de los derechos de los ciudadanos en la prestación de dicha ayuda (1992); la Ley sobre el derecho a recurrir ante los tribunales contra los actos y las decisiones que violan los derechos y las libertades de los ciudadanos (1993); la Ley sobre las actividades relacionadas con la investigación criminal (1995); la Ley sobre la reclusión preventiva de las personas sospechosas y acusadas de haber cometido delitos (1995); la Declaración de los derechos y las libertades de la persona y el ciudadano (1992); el Decreto de la Duma Estatal sobre la proclamación de la amnistía con ocasión del 50º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945 (1995); el Decreto sobre el procedimiento seguido para la concesión de privilegios a las personas rehabilitadas y las personas que fueron víctimas de las represiones políticas, refrendado por el Gobierno de la Federación de Rusia el 3 de mayo de 1994; el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia sobre las medidas prioritarias para consolidar en 1994 y 1995 la base material y técnica de los centros en régimen de aislamiento y las prisiones del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y reforzar la protección social de los funcionarios de las mencionadas instituciones, de 30 de diciembre de 1993; el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia sobre el programa federal de construcción y reconstrucción de centros en régimen de aislamiento y prisiones del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, y sobre la construcción de viviendas para el personal de las mencionadas instituciones hasta el año 2000, de 3 de noviembre de 1994.
11. Además, durante el período transcurrido se han introducido modificaciones y adiciones en el Código de rehabilitación por el trabajo, el Código Penal y el Código de enjuiciamiento criminal de la Federación de Rusia.
12. Actualmente se están elaborando los proyectos del nuevo Código Penal, el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal y la nueva Ley de régimen de ejecución de las penas, los cuales han sido ya objeto de varias lecturas en la Asamblea Federal.
13. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 56 de la Constitución de la Federación de Rusia, no podrán limitarse los derechos y las libertades enunciados en varios artículos de la Constitución, en particular en el mencionado artículo 21.
14. Una norma análoga figura asimismo en la Ley sobre el estado de excepción, en cuyo artículo 27 se estipula que "la declaración del estado de excepción no puede servir de fundamento para practicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el sentido dado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
15. A raíz de la supervisión fiscal con motivo de las violaciones de los derechos humanos durante el estado de excepción en octubre de 1993, se hicieron constar en Moscú los abusos cometidos por los representantes de las fuerzas encargadas de aplicar el estado de excepción, las violaciones de la ley y las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por orden del Presidente de la Federación de Rusia se investigaron los casos, ocurridos durante el citado período, de abuso de poder por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa; también se verificaron todas las disposiciones legislativas promulgadas durante ese período por el Gobierno de Moscú para determinar si estaban en consonancia con la legislación de la Federación de Rusia. Según datos facilitados por el Ministerio Público de Moscú, se recibieron 115 denuncias de ciudadanos y organizaciones a raíz de las actuaciones ilegales de los funcionarios de los órganos del Ministerio del Interior durante el estado de excepción, de las cuales 36 desembocaron en una acción penal. Con la promulgación por la Duma en la primavera de 1994 de los decretos sobre la amnistía, estas causas han quedado sobreseídas.
16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de seguridad, de 5 de marzo de 1992, "al garantizar la seguridad, queda prohibida la limitación de los derechos y las libertades de los ciudadanos, salvo en los casos expresamente previstos en la ley... Los funcionarios que cometan abusos de poder en el curso de las actividades para garantizar la seguridad son responsables conforme a la ley".
17. Toda orden dada por un jefe de rango superior o por la autoridad competente que rebase las funciones o prerrogativas que le otorga la ley y que ocasione un grave perjuicio a los intereses estatales o públicos o a los derechos e intereses de los ciudadanos protegidos por la ley, es considerada como extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo y constituye una acción punible por ley. En el artículo 171 del Código Penal en vigor de la Federación de Rusia, titulado "Extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo", se dice lo siguiente:
"La extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo, es decir, la comisión intencional por el funcionario público de actos que rebasan claramente las funciones o prerrogativas que le otorga le ley y que ocasiona un perjuicio grave a los intereses estatales o sociales o a los derechos e intereses de los ciudadanos protegidos por la ley se castiga con una pena de privación de libertad de tres años, o con trabajos correccionales de hasta 2 años, o con la destitución del cargo.
18. Cuando la extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo va acompañada del recurso a la violencia, uso de armas o tratos crueles o degradantes para la dignidad personal de la víctima, se impone una pena de privación de libertad de 10 años."
19. Tras los acontecimientos del mes de agosto de 1991, el texto de los reglamentos de las distintas armas del ejército fue completado con una formulación redactada como sigue: "El comandante que dé la orden asume ante la ley la responsabilidad por su licitud". Es indudable que esa formulación requiere una mejor preparación jurídica de los mandos de las Fuerzas Armadas de Rusia a todos los niveles.
Artículo 3
20. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 61 de la Constitución, "un ciudadanos de la Federación de Rusia no puede ser extraditado fuera de los límites del país ni entregado a otro Estado".
21. El artículo 63 de la Constitución estipula:
"1. La Federación de Rusia concede asilo político a ciudadanos extranjeros y a personas sin ciudadanía de conformidad con las normas de derecho internacional generalmente reconocidas.
2. En la Federación de Rusia queda prohibida la extradición a otro Estado de personas perseguidas por sus convicciones políticas o por la comisión (u omisión) de actos que en la Federación de Rusia no se consideren delitos. La extradición de personas acusadas de haber cometido delitos, así como la entrega de personas condenadas para que cumplan sus penas en otros Estados se realiza de conformidad con la Ley federal o con el instrumento internacional firmado por la Federación de Rusia."
22. La Federación de Rusia se rige por las disposiciones de la resolución 45/116 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada sin votación el 14 de diciembre de 1990, en la que figura un Tratado modelo de extradición. En dicho Tratado se establece la siguiente condición como uno de los fundamentos para denegar la extradición de personas que han cometido una infracción, a saber, cuando la persona, respecto de la cual se haya recibido una solicitud de extradición, ha sido sometida o será sometida en el Estado solicitante a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o cuando durante la vista de la causa esa persona no haya tenido ni tendrá acceso a las garantías mínimas previstas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 4
23. La legislación penal de la Federación de Rusia no contiene normas que prevean directamente la responsabilidad por la práctica de la tortura. Ahora bien, el Código Penal de Rusia prevé la imposición de penas por la comisión de los siguientes tipos de delitos: sevicias (art. 113), secuestro de la persona (art. 125.1), privación ilegal de libertad (art. 126), toma de rehenes (art. 126.1), reclusión ilegal en un hospital psiquiátrico (art. 126.2), extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo (art. 170), empleo de la coacción para obtener declaraciones (art. 179), incitación al testigo o a la víctima para levantar falsos testimonios o al experto para que presente conclusiones falsas (art. 183).
24. En general, los castigos previstos por esos delitos son bastante severos. Por ejemplo, el empleo de la coacción para obtener declaraciones mediante el recurso a las amenazas u otros actos ilegales por parte del encargado del sumario o de la investigación preliminar, acompañado del empleo de la violencia o de la vejación contra la persona sometida a interrogatorio, se castiga con pena de privación de libertad de tres a diez años (artículo 179 del Código Penal); cuando la extralimitación de funciones o de prerrogativas del cargo va acompañada del empleo de la violencia, uso de armas o tratos crueles o degradantes para la dignidad personal de la víctima, se impone una pena de privación de libertad de hasta diez años (artículo 171 del Código Penal).
25. Conforme al artículo 17 del Código Penal ("complicidad"), se reconoce que los cómplices de un delito son, junto con los ejecutores materiales del mismo, organizadores, instigadores e inductores. Al determinar el castigo, el tribunal deberá tener en cuenta el grado y el carácter de participación de cada uno de los cómplices en la comisión del delito.
Artículo 5
26. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal vigente de la Federación de Rusia, todas las personas que hayan cometido delitos en el territorio de Rusia incurren en responsabilidad penal conforme a la ley.
27. La cuestión de la responsabilidad penal por los delitos cometidos por representantes diplomáticos de los Estados extranjeros y por otros ciudadanos que, de acuerdo con la legislación vigente y los instrumentos internacionales, no están sometidos a la jurisdicción de los tribunales rusos, se soluciona por vía diplomática cuando dichas personas hayan cometido delitos en el territorio de la Federación de Rusia.
28. Aunque en la legislación interna no se hace mención directa a ello, se reconoce asimismo que, con arreglo a las normas y principios generalmente reconocidos de derecho internacional, forman parte del territorio de la Federación de Rusia los buques de guerra que bajo su pabellón o signo distintivo se encuentran en alta mar, en las aguas territoriales o en un puerto de un Estado extranjero; los buques marítimos o fluviales civiles de la Federación de Rusia que bajo su pabellón navegan en alta mar, y las aeronaves con el signo distintivo de la Federación de Rusia que se encuentran en el espacio aéreo de un Estado extranjero.
29. El artículo 5 del Código Penal de la Federación de Rusia estipula que, cuando los ciudadanos de la Federación de Rusia hayan sido castigados fuera de los límites del Estado de su ciudadanía (en el lugar en que han cometido los delitos), el Tribunal de la Federación de Rusia podrá reducir la pena que se les ha impuesto o eximirles de cumplir esa pena.
30. En la legislación vigente de la Federación de Rusia no hay una norma general que establezca la jurisdicción penal de la Federación de Rusia en los casos en que se han cometido en el extranjero delitos contra la vida, la salud, el honor, la dignidad y demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos rusos (en particular, los delitos mencionados en el artículo 4 de la Convención contra la Tortura).
31. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 supra del Código Penal en vigor, los ciudadanos extranjeros incurren, conforme a la legislación penal rusa, en responsabilidad penal por los delitos cometidos fuera de los límites de la Federación de Rusia en los casos previstos en los instrumentos internacionales. Por consiguiente, cuando una persona que haya cometido presuntamente uno de los delitos mencionados en el artículo 4 de la Convención y se encuentre en el territorio de Rusia no pueda ser extraditado a ninguno de los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5 de la Convención, se le exigirá responsabilidad penal con arreglo a la legislación penal de Rusia.
Artículo 6
32. La instrucción de las causas penales de la Federación de Rusia se lleva a cabo de acuerdo con la legislación sobre enjuiciamiento criminal, en la que se han introducido en los últimos años cambios y adiciones importantes que han contribuido en gran medida a ampliar los derechos procesales de los ciudadanos y que garantizan la protección de sus derechos y la inviolabilidad de la persona.
33. La principal disposición normativa que regula las cuestiones antes mencionadas es el Código de Enjuiciamiento Criminal en vigor de la Federación de Rusia.
34. Conforme al artículo 11 de dicho Código, "nadie puede ser detenido sino por mandato judicial o con autorización del fiscal". La persona que haya sido detenida tiene derecho a recurrir contra esa medida y a exigir que el tribunal compruebe la legalidad y el motivo de que se haya decretado prisión preventiva contra él. El mandato judicial sobre la puesta en libertad de una persona, emitido como resultado de un examen judicial, ha de ser ejecutado inmediatamente.
35. El fiscal tiene la obligación de poner inmediatamente en libertad a toda persona que haya sido privada ilegalmente de libertad o que permanezca en prisión preventiva durante un plazo superior al previsto por la ley o por la sentencia judicial.
36. El artículo 19 del Código de Enjuiciamiento Criminal estipula que debe garantizarse el derecho de defensa a toda persona sospechosa o acusada.
37. En el artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Criminal se regulan detalladamente las cuestiones relativas a la participación del abogado defensor en el procedimiento penal; además, se permite al abogado participar en la causa desde el momento en que se formule la acusación y, por lo que respecta a la detención de la persona sospechosa de haber cometido un delito o a la aplicación a dicha persona de una medida de reclusión preventiva hasta que se formule la acusación, desde el momento en que se le presente el acta de prisión preventiva o el auto por el que se decrete la aplicación de una medida cautelar.
38. El 21 de junio de 1995 la Duma Estatal promulgó la Ley federal sobre la prisión preventiva para las personas sospechosas y acusadas de haber cometido delitos, cuya finalidad, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley, consiste en "la reglamentación del procedimiento y la determinación de las condiciones de permanencia en prisión preventiva de las personas sospechosas y acusadas de haber cometido delitos, así como sobre las garantías de los derechos e intereses legítimos de esas personas".
39. Reviste especial importancia el artículo 4 de la Ley, según el cual la aplicación de "prisión preventiva se llevará a cabo en consonancia con los principios de la legalidad, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el humanismo y el respeto a la dignidad inherente al ser humano, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Federación de Rusia y en los principios y normas de derecho internacional, así como con los instrumentos internacionales firmados por la Federación de Rusia, y no deberá ir acompañada de torturas o cualesquiera otros actos que tengan por objeto ocasionar sufrimientos físicos o morales a las personas sospechosas o acusadas de cometer delitos que se encuentren recluidas en lugares de privación de libertad".
40. El capítulo II de la nueva Ley está enteramente consagrado a los derechos de los sospechosos y acusados y al ejercicio de tales derechos. En dicha Ley se ha enunciado por primera vez toda una serie de derechos de las mencionadas personas que no figuraban anteriormente en la legislación rusa. En particular, pertenecen a esa categoría de derechos el derecho a recibir de la administración de los lugares de privación de libertad información sobre el régimen aplicable en dichos centros, los requisitos disciplinarios y el procedimiento para la presentación de peticiones y denuncias; el derecho a la seguridad personal; el derecho a un trato cortés por parte de los funcionarios de los centros de privación de libertad; el derecho a practicar ritos religiosos y tener objetos del culto religioso, etc.
41. Se han ampliado los derechos de los sospechosos y acusados a mantener correspondencia, entrevistarse con sus familiares y otras personas, recibir paquetes y envíos, adquirir productos alimenticios y artículos de primera necesidad.
42. El derecho de los sospechosos y acusados a entrevistarse con el abogado defensor, sus familiares y otras personas se regula detalladamente en el artículo 18 de la Ley, en el que se estipula que, desde el momento de su detención, los sospechosos y acusados tienen derecho a entrevistarse a solas con el abogado defensor. No se limita el número y la duración de las visitas. Se autorizan las visitas con: el abogado defensor que interviene en la causa, el cual presenta con tal fin una orden de consulta jurídica; el representante del sindicato u otra organización social que intervenga en favor de la defensa, el cual presenta con tal fin el acta correspondiente; cualquier otra persona que intervenga en la causa en favor de la defensa, la cual presenta la correspondiente orden judicial o el correspondiente mandamiento del juez, así como un documento que confirme su identidad.
43. Las entrevistas del sospechoso o el acusado con su abogado defensor podrán transcurrir de manera que el funcionario de los órganos encargados de la aplicación de la ley pueda verlos, pero no oírlos.
44. Los sospechosos y los acusados pueden recibir, mediante una autorización presentada por escrito por la persona o el órgano encargado de la instrucción de la causa, un máximo de dos visitas al mes de sus familiares u otras personas, con una duración de tres horas cada una.
45. Las entrevistas con los familiares u otras personas transcurren bajo la supervisión de los funcionarios de los lugares de privación de libertad; esas visitas se interrumpen antes de tiempo si se observan intentos de transmitir al sospechoso o al acusado objetos prohibidos, sustancias y productos alimenticios o datos que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad del caso o facilitar la comisión de un delito.
46. Cabe señalar asimismo lo dispuesto en el artículo 27, según el cual a los sospechosos y acusados sólo se les obliga a trabajar en el territorio de los
centros en régimen de aislamiento y de las prisiones cuando existen las condiciones requeridas para ello, y sólo por deseo expreso de los interesados; además, por el trabajo realizado las personas mencionadas "tienen derecho a recibir... la retribución correspondiente" (párrafo 2 del artículo 27 de la Ley).
47. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para con las personas sospechosas y acusadas puede entrañar la aplicación de sanciones en forma de amonestación o de reclusión en un calabozo o en una celda solitaria en la comisaría de policía. El procedimiento que rige la aplicación de sanciones se reglamenta detalladamente en el artículo 39 de la Ley, si bien se permite recurrir contra la sanción ante el funcionario de rango superior, el fiscal o el tribunal, y en el artículo 40 se enumeran exhaustivamente las acciones u omisiones que justifican la reclusión en celda solitaria o en un calabozo de las personas sospechosas y acusadas. Así pues, la reclusión de las mencionadas personas en celdas solitarias o en calabozos por acciones u omisiones distintas de las mencionadas en el artículo 40 es contraria a la ley, y los responsables de tales actos incurren en responsabilidad penal.
48. Se reglamenta muy detalladamente el empleo de la fuerza física, de medios especiales y de armas de gas y de fuego en los lugares de privación de libertad. Cabe señalar que también se enumeran exhaustivamente los casos en que se autoriza el empleo de la fuerza física, de medios especiales y de armas de gas y de fuego por los funcionarios de los lugares de privación de libertad o por otros funcionarios de los órganos del Ministerio del Interior a que se recurre para garantizar el imperio de la ley, lo que impide una interpretación amplia de dicha disposición y de la responsabilidad de las personas culpables de la comisión de dichos actos por cualesquiera otros motivos, que no sean los mencionados en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la mencionada Ley.
49. Una novedad importante es también la disposición según la cual los sospechosos y acusados son puestos inmediatamente en libertad cuando ha transcurrido el plazo de prisión preventiva establecido por la ley.
50. Habida cuenta de que aún no se han solucionado varias cuestiones relacionadas con la consolidación de la base material y técnica, hubo que renunciar temporalmente a la aplicación de ciertas normas. En particular, se prevé el aplazamiento hasta el 1º de enero de 1998 de la aplicación de varias disposiciones de la Ley relativas ante todo a la concesión de dormitorios individuales a todos los sospechosos y acusados sin excepción, el aumento de las normas relativas a la superficie de los servicios sanitarios en una celda individual hasta los 4 m2 (en vez de los 2,5 m2 establecidos actualmente).
51. Cabe señalar a este respecto que el hacinamiento en las instituciones penitenciarias y los centros en régimen de aislamiento provisional ha sido el objeto principal de la crítica formulada por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sr. Nigel Rodley, en relación con la cuestión de la tortura durante el viaje que realizó a la Federación de Rusia, al paso que fue el motivo de que en el informe sobre su visita se caracterizasen las condiciones de detención de los sospechosos y acusados en los centros de reclusión como "de auténtica tortura" (E/CN.4/1995/34/Add.1).
52. En respuesta a la crítica contenida en su informe, la Federación de Rusia ha adoptado varias medidas destinadas a humanizar las condiciones de detención en los lugares de reclusión. Así, una de tales medidas ha sido la adopción de la mencionada Ley federal sobre la prisión preventiva para los sospechosos y acusados de haber cometido delitos.
53. Otra de las medidas ha consistido en la promulgación, en abril de 1995, por la Duma Estatal del Decreto sobre la proclamación de la amnistía con ocasión del 50 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945. Con arreglo a lo dispuesto en dicho Decreto, se otorga el indulto a unas 300.000 personas que no han cometido delitos graves. Es significativo que, por lo que respecta a las personas a las que se aplica el mencionado Decreto de amnistía, se pondrá fin a todas las causas instruidas y a las causas que aún no han sido examinadas por los tribunales.
54. En relación con la reforma del sistema penitenciario de la Federación de Rusia se atribuye especial atención a la mejora de la situación en los centros en régimen de aislamiento. La solución de este problema requiere considerables inversiones de recursos materiales y una financiación equilibrada. Durante los dos años precedentes se han adoptado varias disposiciones sobre esta cuestión, a saber: la Disposición, de 30 de diciembre de 1993, sobre las medidas prioritarias para consolidar en 1994-1995 la base material y técnica de los centros en régimen de aislamiento y en las prisiones del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y fortalecer la protección social de los funcionarios de dichas instituciones, y la Disposición, de 8 de noviembre de 1994, sobre el programa federal de construcción y reconstrucción de centros en régimen de aislamiento y prisiones del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, así como de construcción de viviendas para el personal de esas instituciones hasta el año 2000.
55. La puesta en práctica de esos importantes instrumentos permitió ya en 1994 aumentar la capacidad de dichos centros en 6.070 plazas, comprendidas 4.570 plazas por cuenta de la creación de nuevos centros en régimen de aislamiento. En general, se prevé aumentar en 113.200 el número de plazas en tales centros y prisiones, de las cuales 33.600 corresponderán a los centros de nueva construcción y 29.700 a los centros existentes que serán reconstruidos.
56. En el informe del Relator Especial se señala acertadamente que entre las demás causas del hacinamiento en los centros en régimen de aislamiento y las cárceles cabe mencionar la insuficientemente justificada aplicación en diversos casos por los órganos de investigación e instrucción y por los tribunales de medidas precautorias en forma de prisión preventiva y la duración excesiva de la investigación y de la vista de las causas penales.
57. El contenido de las observaciones críticas y de las conclusiones expuestas por el Relator Especial, en particular durante su estancia en Moscú, ha sido puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Ministerio Público de la Federación de Rusia. Habida cuenta de esas observaciones, el Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a los órganos locales para que se acelere el examen de las causas penales en los tribunales. En el Decreto del Pleno del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 1994, también se expresa preocupación por las insuficiencias existentes en cuanto al ejercicio de la supervisión judicial de la observancia de la legalidad y a la justificación del recurso por los órganos de instrucción, los investigadores y los fiscales a la detención como medida precautoria y a la prolongación del plazo de prisión preventiva, y se prevén medidas para superar esos inconvenientes.
58. Además, de común acuerdo con los órganos estatales interesados, se ha adoptado la decisión de trasladar de los centros en régimen de aislamiento y las cárceles, habida cuenta del hacinamiento existente, a una parte de los condenados cuyas sentencias aún no han entrado en vigor, a los centros provisionales en régimen de aislamiento que se han organizado en los territorios de algunas colonias, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de esos condenados. En el primer trimestre de 1995 se procedió al traslado de 12.300 condenados de esa clase.
59. Actualmente el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, junto con el Ministerio de Sanidad y Farmacia, examinan la cuestión del traslado de varios centros de detención en régimen de aislamiento de las secciones permanentes de la psiquiatría forense que se encuentran en su territorio y ocupan una superficie de 2.000 m2.
60. Un papel importante en el mantenimiento del procedimiento establecido para la prisión preventiva corresponde al personal de los centros de detención en régimen de aislamiento y las prisiones. En las instituciones que se caracterizan por su hacinamiento, el volumen de trabajo que recae en los funcionarios aumenta en 2 ó 3 veces, mientras que el estímulo material del trabajo y su protección social no compensan los gastos físicos y morales. La relación entre el personal y los detenidos es de 1 a 6. Con el fin de normalizar la situación imperante, el Gobierno de la Federación de Rusia aprobó en agosto de 1994 el Decreto sobre las normativas referentes a la composición numérica del personal de las instituciones que velan por el cumplimiento de las penas en forma de privación de libertad y en las que se realizan determinadas actividades de tipo económico, así como de los centros en régimen de aislamiento del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, que prevé que para el año 2000 la composición numérica del personal de los centros de detención en régimen de aislamiento y de las prisiones alcance el 25% (es decir, una relación de 1:4).
61. La supervisión fiscal en los últimos años muestra que aún no se ha conseguido poner fin a las violaciones por los órganos encargados de la aplicación de la ley de los derechos de los ciudadanos, a la aplicación de métodos ilegales de investigación y a las detenciones injustificadas.
62. En 1994, como resultado de la no confirmación de las sospechas, se puso en libertad a 4.780 personas recluidas en centros de detención provisionales en régimen de aislamiento, lo que representa el 0,8% del número total de personas recluidas en dichos centros por ser sospechosas de haber cometido delitos. Durante el año transcurrido, los órganos de investigación preliminar y los tribunales han puesto en libertad a 2.035 personas, incluidos 73 menores de edad, en relación con la cesación de las diligencias con motivo de la rehabilitación.
63. Por lo que hace a los funcionarios de los órganos encargados de la aplicación de la ley que hayan violado la legalidad y cometido delitos en el desempeño de sus funciones, se les han aplicado las medidas correctivas previstas por la ley e incluso se les han exigido responsabilidades penales.
64. Según datos facilitados por los fiscales, en 1994 se impusieron sanciones disciplinarias a 23.800 funcionarios de los órganos del Ministerio del Interior que, en el curso de la instrucción y la investigación, cometieron infracciones al examinar las peticiones y las comunicaciones, al paso que a 1.400 personas se les exigió responsabilidad penal por diversos delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. De las causas sometidas a los tribunales por delitos cometidos en el curso de la instrucción e investigación, incurrieron en responsabilidad penal 290 funcionarios de los órganos del Ministerio del Interior, de los cuales 98 fueron inculpados por utilizar métodos ilegales de investigación.
65. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley del Ministerio Público de la Federación de Rusia, los fiscales se encargan de supervisar el cumplimiento de las leyes en los centros de prisión preventiva y de privación de libertad en lo referente al cumplimiento de las penas y otras medidas de carácter coercitivo impuestas por el Tribunal. Los mandamientos y requerimientos de los fiscales respecto del procedimiento y las condiciones previstos por la ley para los detenidos, presos y condenados a una pena de privación de libertad son de obligado cumplimiento para la administración.
66. Al ejercer la supervisión permanente del cumplimiento legal de las sanciones penales, los fiscales han adoptado medidas para dar al traste con las violaciones de los derechos constitucionales de los condenados. En 1994 los fiscales se pronunciaron sobre más de 20.370 denuncias sobre las cuestiones relacionadas con el respeto de la legalidad en el cumplimiento de las penas, en particular unas 2.275 denuncias acerca de sanciones ilegales impuestas a los condenados por la administración de las instituciones de rehabilitación por el trabajo. En 124 casos se han confirmado las denuncias de violación de la ley. Durante ese mismo período han sido puestas en libertad 836 personas de dichas instituciones que habían sido ilegalmente detenidas. Cabe señalar que, durante los últimos años, se registra una tendencia estable hacia la reducción del número de denuncias presentadas por los condenados acerca de las condiciones de su detención.
Artículo 7
67. De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 62 de la Constitución, "en la Federación de Rusia los ciudadanos extranjeros y las personas sin ciudadanía tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos de Rusia, excepto en los casos establecidos en la ley federal o en un instrumento internacional firmado por la Federación de Rusia".
68. Este principio se extiende asimismo a dicha categoría de personas en todas las fases del procedimiento penal, así como a las personas que cumplen una pena de privación de libertad.
Artículo 8
69. El párrafo 2 del artículo 63 de la Constitución de la Federación de Rusia establece lo siguiente:
"En la Federación de Rusia está prohibida la extradición a otros Estados de personas perseguidas por sus opiniones políticas o por actos (u omisiones) que en la Federación de Rusia no estén reconocidos como delitos. La extradición de personas acusadas de haber cometido un delito, al igual que la entrega de condenados para que cumplan su pena en otros Estados, tendrán lugar de acuerdo con la ley federal o el instrumento internacional que haya concluido la Federación de Rusia."
70. De conformidad con el Acuerdo de extradición de personas condenadas a penas privativas de libertad para que cumplan su pena en el Estado del que sean ciudadanos, firmado en Berlín el 19 de mayo de 1978, ha adquirido gran difusión la práctica de la extradición (recepción) de condenados para que cumplan el resto de la pena en su país de origen. En defecto de instrumentos que regulen el procedimiento para la extradición de condenados, los Fiscales Generales de las Partes Contratantes examinan y deciden personalmente, a título de excepción, las cuestiones relativas a la extradición (recepción) de condenados procedentes de Ucrania, la República de Belarús, la República de Kazakstán y algunos otros Estados. Se han concluido tales acuerdos de extradición con la República de Finlandia, la República de Letonia, la República de Azerbaiyán y Turkmenistán. Se están elaborando proyectos de acuerdo análogos con otros Estados.
71. Por regla general, en los instrumentos bilaterales concertados por la Federación de Rusia (o la URSS) con otros Estados que regulan las cuestiones relativas a la extradición no se enumeran los delitos que den lugar a la entrega (extradición). El conjunto de delitos que pueden dar lugar a la extradición se establece en función del castigo que puede imponer el tribunal por la comisión de tales delitos (de acuerdo con la legislación de ambas partes contratantes). En la mayoría de los casos, el castigo consiste en una pena de privación de libertad de un año como mínimo o de una pena más severa.
72. Las sanciones penales previstas en los artículos del Código Penal a que se hace referencia en el comentario sobre el artículo 4 de la Convención ponen de manifiesto qué delitos previstos en esos artículos dan lugar a extradición.
Artículo 9
73. La asistencia jurídica a otros Estados en materia penal, en particular en lo que respecta a los delitos relacionados con los actos enumerados en el artículo 4 de la Convención, se presta de conformidad con los instrumentos internacionales celebrados por la Federación de Rusia. Esa práctica también se sigue en lo referente a la prestación de asistencia jurídica por conducto de Interpol.
74. El Ministerio del Interior de la Federación de Rusia ha concluido varios acuerdos interdepartamentales con los departamentos correspondientes de otros Estados (Azerbaiyán, Belarús, Ucrania, Kirguistán, Tayikistán, Kazakstán, Turkmenistán y Letonia). Por regla general, las partes asumen las obligaciones consignadas en el siguiente plan:
- búsqueda de delincuentes y personas que no comparecen ante el juez instructor y ante los tribunales o se niegan a cumplir condena;
- intercambio de información sobre la labor de investigación criminal en relación con la preparación de delitos y con las personas implicadas en ellos;
- detención de personas susceptibles de ser extraditadas por la comisión de un delito.
Artículo 10
75. A juicio de la Federación de Rusia, una de las condiciones para la observancia efectiva de la Convención es el sistema de formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, el personal docente y el personal médico que interviene durante el período de detención preventiva y el interrogatorio de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión o que mantiene tratos con esas personas. Los programas de estudios de centros docentes jurídicos y médicos que se dedican a la formación profesional del personal destinado a los órganos encargados de la aplicación de la ley y a las instituciones psiquiátricas y medicina forense incluyen temas que versan sobre el respeto de la legalidad y de las normas relativas al trato que debe darse a las personas que intervienen en el procedimiento penal. El concepto de reforma y mejora del régimen penitenciario, elaborado por la Dirección General Penitenciaria del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, prevé que la contratación del personal penitenciario deberá estar principalmente a cargo de personas que hayan seguido una formación profesional especial en centros docentes del Ministerio del Interior de Rusia.
76. La legislación penal, de enjuiciamiento criminal y de rehabilitación por el trabajo de la Federación de Rusia contiene normas relativas al trato humano que debe darse a los condenados. Esas normas se tienen debidamente en cuenta en las órdenes de los Departamentos y en las instrucciones de la Fiscalía General y el Ministerio del Interior, en las resoluciones del Tribunal Supremo y en los programas y manuales de formación del personal de los órganos encargados de la aplicación de la ley. En virtud de esas disposiciones normativas y órdenes departamentales se prohíbe a los funcionarios públicos cometer los actos a que se hace referencia en el artículo 1 de la Convención. La observancia de esas normas es objeto de una constante supervisión por los tribunales, la fiscalía y los departamentos.
Artículo 11
77. la entrada en vigor de la mencionada Ley federal sobre la detención preventiva de personas sospechosas y acusadas de cometer delitos pone de manifiesto la creciente humanización de la legislación sobre la rehabilitación por el trabajo. Merced a esa ley se están ampliando considerablemente los derechos y libertades de los sospechosos y acusados que permanecen en detención preventiva (véanse los comentarios sobre el artículo 6 de la Convención).
Artículo 12
78. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención se infiere de varios artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia. Conforme al artículo 2 del Código, la misión de la justicia penal consiste en el "pronto y pleno esclarecimiento de los delitos, la identificación de los culpables y la aplicación correcta de la ley, de manera que se imponga un castigo justo por cada delito cometido y ningún inocente sea juzgado ni condenado". De conformidad con el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal, el fiscal, el juez instructor y el órgano encargado del sumario tienen la obligación, dentro de su competencia, de incoar un proceso penal siempre que existan pruebas de la comisión de un delito, adoptar todas las medidas previstas por la ley para determinar las circunstancias del delito e identificar y castigar a los culpables de la comisión del delito. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Código, dichas personas también tienen la obligación de "adoptar todas las medidas previstas por la ley para realizar una investigación exhaustiva, completa y objetiva de las circunstancias del caso y sacar a la luz las circunstancias que apunten a la responsabilidad o a la falta de responsabilidad del acusado, así como las circunstancias atenuantes o agravantes del caso". En ese mismo artículo se prohíbe todo intento de "obtener declaraciones del acusado y demás personas que intervienen en la causa mediante el empleo de la violencia, las amenazas u otras acciones ilegales".
Artículo 13
79. El artículo 46 de la Constitución de la Federación de Rusia estipula:
"1. Se garantiza a todos la protección judicial de sus derechos y libertades.
2. Se puede recurrir ante los tribunales de las decisiones y acciones (u omisiones) de los órganos del Estado, la administración autónoma local, las asociaciones sociales y los funcionarios públicos.
3. Toda persona tiene derecho, de conformidad con los instrumentos internacionales firmados por la Federación de Rusia, a recurrir a los órganos interestatales de protección de los derechos y las libertades fundamentales si ha agotado todos los recursos de protección jurídica de la legislación interna."
80. El 27 de abril de 1993 entró en vigor la Ley sobre recursos ante los tribunales contra los actos y decisiones que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. La Ley estipula que todos los actos y decisiones de cualquier organización u órgano competentes sin excepción, así como de los funcionarios públicos, pueden ser recurridos ante los tribunales. De conformidad con el artículo 46 de la Constitución, y con las disposiciones de la mencionada Ley, se puede recurrir ante los tribunales contra las decisiones y actos de todos los órganos encargados de la aplicación de la ley, a saber, los fiscales, los jueces instructores y los órganos encargados del sumario, los jefes de las secciones de instrucción, los jefes de los establecimientos de rehabilitación por el trabajo, los funcionarios de los órganos de investigación criminal, el servicio de información exterior y el servicio de contrainformación, la policía fiscal y el servicio aduanero. Hasta fecha reciente, las decisiones y los actos de esos órganos y funcionarios públicos se recurrían ante la Fiscalía, que se consideraba el órgano principal de inspección y supervisión en lo referente a la aplicación de la ley.
81. El párrafo 7 del artículo 17 de la Ley federal sobre la prisión preventiva para las personas sospechosas y acusadas de cometer delitos prevé el derecho de éstas a presentar denuncias, en particular ante los tribunales, en relación con la legalidad y justificación de su prisión preventiva y con la violación de sus derechos e intereses legítimos, mientras que el párrafo 17 del mismo artículo prevé el derecho de los reclusos a recibir un trato cortés por parte de los empleados de los lugares de detención.
82. El artículo 18 de la Ley reglamenta detalladamente los procedimientos para la presentación de denuncias por los sospechosos y acusados, que consisten en lo siguiente:
- Las denuncias de los sospechosos y acusados dirigidas a los órganos estatales, la administración autónoma local y las asociaciones públicas se presentan por conducto de la administración del lugar de detención.
- Las denuncias dirigidas al fiscal, al tribunal o a otros órganos estatales que están facultados para supervisar los centros de privación de libertad no son sometidas a censura y se envían al destinatario en paquete sellado a más tardar 24 horas después de la presentación de la propuesta, petición o denuncia.
- Las denuncias dirigidas a otros órganos del Estado, a asociaciones sociales y al abogado defensor deben ser examinadas por la administración del centro de detención preventiva y enviadas a quien corresponda a más tardar tres días después de haber sido presentadas.
- Las denuncias que contengan informaciones susceptibles de obstaculizar el esclarecimiento de los hechos o contribuir a la comisión de un delito, efectuadas mediante criptografía o escritura cifrada y que contengan secretos de Estado u otros secretos protegidos por la ley no se dirigen al destinatario, sino que se entregan a la persona o al órgano que se encarga de instruir la causa.
- Las denuncias por los actos y decisiones del tribunal, la persona encargada del sumario, el juez instructor o el fiscal se envían, conforme al procedimiento establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal, a más tardar tres días después de haber sido presentadas.
- Las respuestas a las denuncias se notifican a los sospechosos y acusados con acuse de recibo y se adjuntan a sus expedientes.
83. El artículo supra de la Ley prevé asimismo la prohibición de cualquier forma de persecución contra los sospechosos y acusados por la presentación de denuncias en relación con la violación de sus derechos e intereses legítimos. Los funcionarios de los centros de detención preventiva culpables de ese tipo de persecución incurren en responsabilidad conforme a la ley.
Artículo 14
84. El artículo 52 de la Constitución de la Federación de Rusia estipula:
"La ley protege los derechos de las víctimas de delitos y abusos de poder. El Estado garantiza a las víctimas el acceso a la justicia y una indemnización por daños y perjuicios."
85. Conforme al artículo 53 de la Constitución, "toda persona tiene derecho a que el Estado la indemnice por los daños y perjuicios causados por acciones (u omisiones) ilegales de los órganos estatales o por sus funcionarios".
86. Las condiciones y el procedimiento para el pago de indemnización por los daños causados como consecuencia de actos ilícitos de los funcionarios públicos, los órganos encargados del sumario y la investigación preliminar, la fiscalía y el tribunal se establecen en el Decreto del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, de 18 de mayo de 1981, sobre el pago de indemnización por los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de actos ilícitos de las organizaciones estatales y sociales y por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, así como también en la Disposición, refrendada por el mencionado Decreto, sobre el procedimiento para el pago de indemnización por los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de actos ilícitos de los órganos encargados de sumario y la investigación preliminar y el tribunal, y en las instrucciones para la aplicación de dicha Disposición, de 2 de marzo de 1991. Esos actos normativos establecen las siguientes reglas:
- da lugar a indemnización el daño causado como resultado de un enjuiciamiento ilegal, una detención preventiva ilegal, o una sanción administrativa ilegal en forma de detención o de trabajos correccionales;
- el Estado indemniza los daños en nombre de los órganos correspondientes;
- además de la indemnización por daños patrimoniales se restablecen los derechos de la víctima en lo referente al puesto de trabajo, pensión de jubilación y vivienda, al paso que se indemnizan otros daños materiales y morales.
87. Conforme a la Ley de la Federación de Rusia sobre la rehabilitación de las víctimas de las represiones políticas, el 3 de mayo de 1994 el Gobierno de Rusia refrendó la Disposición sobre el procedimiento para la concesión de privilegios a las personas rehabilitadas reconocidas como víctimas de las represiones políticas. Conforme a esta Disposición, dichas personas tienen derecho a:
- recibir asistencia médica prioritaria, obtener medicamentos y ser sometidas a tratamiento en sanatorios y balnearios;
- recibir con carácter prioritario una vivienda, un pase gratuito para viajar y otros privilegios.
88. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada Ley, se reconocen como formas de represión política "las distintas medidas coercitivas aplicadas por el Estado por motivos políticos, ya sea en forma de privación de la vida o la libertad, internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas, expulsión del país y privación de la ciudadanía, traslado de grupos de población fuera de sus lugares de residencia, destierro, deportación y asignación a un lugar de
residencia especial, imposición de un trabajo forzoso en condiciones de libertad restringida u otras formas de privación o restricción de los derechos y libertades de las personas que se consideraban socialmente peligrosas para el Estado o el régimen político por motivos de clase, posición social, pertenencia nacional, creencias religiosas o de otro tipo que se han producido en base a las decisiones de los tribunales u otros órganos que desempeñaban funciones judiciales, o a las decisiones administrativas adoptadas por los órganos del poder ejecutivo, los funcionarios públicos, las organizaciones sociales o sus órganos dotados de facultades administrativas".
89. Además de las personas que padecieron directamente la represión en los años del Poder soviético, también se reconocen como víctimas de las represiones políticas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley, las siguientes personas:
- los niños que se encontraban con sus padres en los lugares de privación de libertad, confinamiento, destierro o deportación;
- los niños menores de edad privados del cuidado de uno o ambos padres que fueron víctimas inocentes de las represiones por motivos políticos;
- los niños, la esposa (el esposo) y los padres de las personas que fueron fusiladas o fallecieron en los lugares de privación de libertad y rehabilitadas póstumamente.
90. El artículo 15 de la Ley regula especialmente el pago de indemnización a las víctimas.
91. El 11 de octubre de 1995 la Duma Estatal elaboró el proyecto de ley sobre la introducción de modificaciones y adiciones en la Ley de la Federación de Rusia sobre la rehabilitación de las víctimas de las represiones políticas, según el cual está previsto reconocer como víctimas de las represiones políticas con derecho a rehabilitación a los niños que se encontraban con sus padres en los centros de privación de libertad, confinamiento, destierro o deportación.
92. Lamentablemente, las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa actualmente la Federación de Rusia no permiten aplicar plenamente en todos los casos las disposiciones de dicha Ley que tanta importancia tiene para Rusia. No obstante, el Gobierno de la Federación de Rusia pondrá en lo sucesivo todo su empeño en realizar plenamente el conjunto de medidas con miras a la rehabilitación de las víctimas a que se hace referencia en la Ley sobre la rehabilitación de las víctimas de las represiones políticas y en las disposiciones normativas que se han promulgado para dar cumplimiento a la mencionada Ley.
Artículo 15
93. El párrafo 3 del artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia establece la prohibición categórica de obtener declaraciones del acusado y de otras personas que intervienen en la causa mediante el empleo de la violencia, las amenazas u otras medidas ilegales.
94. Esta disposición priva a las declaraciones así obtenidas de todo valor probatorio, salvo en los casos en que se utiliza contra una persona acusada de haber cometido los mencionados actos ilegales.
95. Además, el artículo 171 del Código Penal de la Federación de Rusia prevé la imposición de un castigo bastante riguroso a la persona encargada de instruir el sumario o la investigación preliminar que recurra a la amenaza u otras medidas ilegales para obtener declaraciones, siempre que esos actos vayan acompañados del empleo de la violencia o de vejaciones contra la persona del interrogado (privación de libertad por un plazo de tres a diez años).
96. En la legislación de enjuiciamiento criminal de la Federación de Rusia los actos señalados están tipificados como violación grave de la ley, lo que conlleva la anulación o la conmutación de la sentencia al revisarse las causas por las instancias de casación (artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Criminal de la Federación de Rusia).
Artículo 16
97. Como queda señalado, el artículo 21 de la Constitución de la Federación de Rusia contiene en su párrafo 2 una norma general que prohíbe el empleo contra cualquier persona de la tortura, la violencia u otros tratos o penas crueles o degradantes. Además, en dicho artículo se estipula que "nadie podrá ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos, científicos o de otro tipo".
98. Algunas de las ideas consignadas en el artículo 21 de la Constitución figuran en el Código de Rehabilitación por el Trabajo de la Federación de Rusia, como, por ejemplo, el hecho de que la ejecución de las penas no tiene por objeto causar al condenado sufrimientos físicos o menoscabar su dignidad personal (párr. 2 del art. 1); que los condenados conservan su condición jurídica general de ciudadanos, salvo algunas excepciones obligadas (art. 8); que se concede a los condenados el derecho a la seguridad personal (art. 82), y que se prohíben terminantemente al personal de prisiones los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 116).
99. La Federación de Rusia hace suyo el Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por el que se exige de ellos que den un trato humano a los detenidos y presos, protejan la dignidad de cada recluso y sólo utilicen la fuerza en los casos estrictamente necesarios, cuando no se pueda prevenir con otros métodos una violación de la ley, y que prohíbe categóricamente la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos (arts. 2, 3 y 5).
100. Los experimentos médicos, científicos o de otro tipo realizados en las personas constituyen una forma de violencia o crueldad (párrafo 2 del artículo 21 de la Constitución). Esos experimentos son también inadmisibles en los casos en que las personas objeto de los experimentos no tengan conocimiento de su realización. Por otra parte, tampoco importa que esos experimentos representaran o no una amenaza para la vida o la salud de las personas o que, en opinión de los "experimentadores", fueran inofensivos. Para poder realizar cualquier experimento sobre una persona es preciso obtener su consentimiento voluntario y no forzado. Si el experimento representa un peligro para la vida o la salud, no debe realizarse ni siquiera con el consentimiento de la persona. Ello se desprende de lo dispuesto en diversos artículos de la Ley de Bases de la legislación de la Federación de Rusia sobre la protección de la salud de los ciudadanos. El párrafo 12 del artículo 6 estipula que es necesario obtener una autorización para aplicar métodos nuevos de profilaxis, diagnóstico y tratamiento, así como nuevas tecnologías médicas (esas autorizaciones deben basarse en datos fidedignos acerca de la inocuidad, o la inocuidad relativa, de los nuevos métodos), según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 43, se permite, previo acuerdo del enfermo presentado por escrito, la aplicación de nuevos métodos que, aunque no estén autorizados, están siendo examinados conforme al procedimiento establecido", lo que significa que el método ya haya pasado la fase de verificación preliminar; el párrafo 5 del artículo 43 prevé que las investigaciones biomédicas "deben basarse en un experimento realizado previamente en laboratorio"; el párrafo 8 del artículo 43 reza: "queda prohibido hacer publicidad... de métodos de profilaxis, diagnóstico y tratamiento y de medicamentos que no hayan sido sometidos a ensayos de verificación preliminares conforme al procedimiento establecido por la ley".
101. El 1º de enero de 1993 entró en vigor la Ley de la Federación de Rusia sobre la asistencia psiquiátrica y las garantías de los derechos de los ciudadanos que reciben tal asistencia, varias de cuyas disposiciones vienen a confirmar la observación por Rusia de las normas de derecho internacional en esta esfera. Ello se aplica al preámbulo de la Ley, en el cual se señala en particular que uno de los fines de dicha Ley consiste en impedir "la utilización de la psiquiatría con fines distintos de los médicos", lo que podría "causar daños a la salud y menoscabar la dignidad humana y los derechos de los ciudadanos".
102. En el artículo 5 de la Ley de la Federación de Rusia titulada "Derechos de los ciudadanos que padecen trastornos psíquicos", se señala, entre otras cosas, que esas personas tienen derecho a: "recibir un trato respetuoso, humano y que no menoscabe la dignidad inherente al ser humano; recibir asistencia psiquiátrica con las menores restricciones posibles; permanecer en un establecimiento psiquiátrico sólo durante el tiempo necesario para realizar el reconocimiento médico y aplicar el tratamiento; recibir asistencia psiquiátrica en condiciones que estén en consonancia con las exigencias sanitarias e higiénicas; expresar el consentimiento previo, y poder retirarlo en cualquier etapa, para la utilización de su persona como objeto de ensayos de medios y procedimientos médicos, investigaciones científicas o procesos docentes, o como objeto de fotografías, videograbaciones o filmaciones; contar con la asistencia de un abogado, un representante legal u otra persona conforme a lo establecido por la ley". Este mismo artículo estipula que los funcionarios públicos que infrinjan estos derechos "incurrirán en responsabilidad de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia y de las Repúblicas que componen la Federación".
103. En el artículo 10 se señala expresamente el procedimiento que debe seguirse en la aplicación de medios y métodos médicos, y en él se especifica claramente que dichos métodos sólo podrán utilizarse "con fines de diagnóstico y con fines terapéuticos de acuerdo con la naturaleza de los trastornos patológicos, y en ningún caso deberán utilizarse para imponer castigos a la persona que padece trastornos psíquicos o en interés de terceros".
104. Asimismo, es objeto de una reglamentación estricta la utilización en psiquiatría de medidas de sujeción física o aislamiento, las cuales sólo se permiten "en los casos, en las formas y durante el tiempo en que... no sea posible impedir por otros métodos que la persona hospitalizada pueda realizar actos que representen un peligro directo para ella misma o para terceros, y la utilización de tales medidas se llevará a cabo bajo la vigilancia constante del personal médico".
105. La Ley sobre asistencia psiquiátrica viene a confirmar, en el plano legislativo, la reorganización llevada a cabo en 1988, por la que se confió a los organismos de sanidad la aplicación de todas las medidas coercitivas de carácter médico impuestas por los tribunales respecto de las personas con trastornos mentales que hayan cometido actos peligrosos tipificados en la ley penal. Hasta 1988 los hospitales psiquiátricos especiales para las personas que representaban un peligro particular para la sociedad dependían del Ministerio del Interior, lo que llevaba a la imposición de restricciones injustificadas a la libertad de los enfermos y al menoscabo de sus derechos e intereses legítimos. El artículo 10 de la Ley estipula que todas "las medidas coercitivas de carácter médico se aplicarán en instituciones psiquiátricas de los organismos de sanidad", y que las personas a las que se apliquen esas medidas gozarán de los mismos derechos que los demás ciudadanos recluidos en establecimientos psiquiátricos (artículo 37 de la Ley).
106. Es preciso añadir que, a partir de 1988, el Código Penal vigente de la Federación de Rusia contiene un artículo -el 126- que prevé la responsabilidad penal por "la reclusión ilegal en un hospital psiquiátrico". También está previsto introducir un artículo similar en el proyecto del nuevo Código Penal que se está elaborando actualmente.
107. No sólo los órganos legislativos, sino también las asociaciones de psiquiatras, realizan esfuerzos por humanizar la asistencia psiquiátrica e impedir que ésta sea utilizada para infligir tratos crueles y degradantes a los pacientes. En 1994 el Pleno de la Junta Directiva de la Sociedad Rusa de Psiquiatras aprobó el "Código de Etica Profesional del Psiquiatra", varias de cuyas disposiciones reflejan los objetivos y principios de la Convención. En particular, uno de los párrafos del artículo 4 de este Código dice lo siguiente: "El psiquiatra no puede utilizar medios y procedimientos médicos con el fin de castigar al paciente o para comodidad del personal o de terceros, ni participar en la aplicación de torturas, sevicias u otros tratos crueles e inhumanos a las personas". El artículo 5 reza: "El psiquiatra tiene la obligación moral de respetar la libertad e independencia de la persona del paciente, así como su honor y su dignidad, y de velar por que se respeten sus derechos e intereses legítimos". En el Código de Etica Profesional se presta especial atención a la inadmisibilidad de cualesquiera violaciones de los principios de la Convención al realizar investigaciones científicas y ensayos clínicos de nuevos medios y procedimientos médicos. En el artículo 9, que versa sobre estas cuestiones, se hace hincapié en el hecho de que el investigador psiquiatra "debe regirse por el principio de que el bien del paciente prima sobre la utilidad social y los intereses científicos", y que la negativa del paciente a participar en un programa de investigación "no debe en modo alguno influir negativamente en el trato o en que se dé al paciente la asistencia psiquiátrica que se le preste". Para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, se han creado o se están creando actualmente comités de ética en los establecimientos psiquiátricos que desarrollan actividades de este tipo.
108. Es preciso señalar que, conforme al reglamento de la Sociedad Rusa de Psiquiatras (que es una importante organización profesional de carácter público), la observancia de las normas del Código de Etica Profesional del Psiquiatra constituye una de las obligaciones de sus miembros. La violación de esas normas del reglamento entraña la aplicación de sanciones, incluso la exclusión del infractor de la Sociedad de Psiquiatras.
109. Por iniciativa del Centro Científico Estatal de Psiquiatría Social y Forense V. P. Serbsky, se han introducido en el proyecto de ley sobre el examen pericial, que se está elaborando actualmente, algunas disposiciones de la Convención, así como los Principios de la deontología médica aplicables al personal de los servicios de sanidad, en particular a los médicos, en lo referente a la protección de las personas detenidas o presas contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 37/194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1982). Se trata, en particular, de impedir que los expertos en psiquiatría participen en los interrogatorios de personas detenidas o presas (principio 4 a)), de establecer una reglamentación estricta de las actividades de los expertos y de asegurar la independencia de éstos respecto del órgano que haya ordenado el examen psiquiátrico forense.